A través del informe que redacté y envié a más de 30 medios de comunicación entre radio, prensa y televisión, se puede comprobar cómo Banco Santander con el apoyo incondicional de la administración de justicia y el gobierno de la nación por medio del ministerio fiscal, se pudo ocultar los hechos que he denunciado en diez ocasiones, para evitar que hubiera una acusación particular en la causa por las cesiones de crédito y lo que demuestra este informe es de tal importancia, - en términos jurídicos y económicos - que sólo un medio de comunicación escrito se ha atrevido hacer eco del asunto, eso sí, de una forma resumida, y sólo en la edición regional para no levantar polémicas. Pero aunque los medios de comunicación también estén sometidos al poder económico y político y por tanto, su libertad a divulgar o informar esté limitado por los intereses de estos, afortunadamente hoy existe Internet donde cada uno podemos ejercer el derecho que nos ampara el Art. 20 de la Constitución española.

Pero antes de terminar con esta primera exposición, quiero llamar la atención también a unos hechos que como poco, resultarán curiosos. Entre los diez magistrados aspirantes a la presidencia de la Audiencia Nacional figuran, el Juez Baltasar Garzón e Ismael Moreno, pues bien:

PRIMERO.- El Juez Baltasar Garzón en la causa de Banesto, desestimó una denuncia contra el presidente del Banco Santander, Emilio Botín y posteriormente este juez, como se ha hecho eco en los medios, percibió grandes sumas de dinero por unas conferencias que celebró en EE.UU. de una fundación, “casualmente” del Santander y ahora, a pesar de tener un historial lleno de “irregularidades” y se haya aceptado a trámite una acusación por un presunto delito de prevaricación contra él, ostenta a la presidencia de la Audiencia Nacional.

SEGUNDO.- Aunque no consten aparentemente antecedentes del Juez Ismael Moreno, que relacionen con el presidente del Banco Santander Emilio Botín, si los hay. Este magistrado archivó dos veces una denuncia que interpuse en la Audiencia Nacional contra el Banco Santander, cuando sólo en una tuvo legitimidad para hacerlo por reparto, y sus fundamentos jurídicos fueron tan insólitos, que como se podrá comprobar aquí más adelante, sus actuaciones podían tildarse como un presunto delito de prevaricación también.

Si ya de por sí, resulta “casual” que dos de los diez aspirantes a la presidencia de la Audiencia Nacional, hayan actuado a favor de Emilio Botín, de salir elegido uno de estos dos magistrados como presidente, daría pie a pensar, que los favores judiciales a Emilio Botín, se cobran de una forma u otra.

Con el ánimo de asentar unas bases para la introducción que sigue a continuación, invito a que se acceda a : "Un empresario de Leioa, desahuciado tras 14 años de un pleito bancario" en la sección del País Vasco con fecha 11 de diciembre de 2008 del periódico El País, para que se pueda comprobar en resumen todas las actuaciones judiciales emprendidas contra mí, y lo hago para que se parta de la idea de que no resulta normal, que se persiga judicial como extrajudicialmente a una persona como se me ha hecho, y menos teniendo yo razón como se podrá comprobar. No obstante, y debido a la importancia de su contenido a la hora de resumir y enfocar la cuestión, a continuación se reproduce el mismo:

Un empresario de Leioa, desahuciado tras 14 años de un pleito bancario

Un juzgado dicta el embargo después de cuatro fallos contrarios a la entidad

ALBERTO URIONA - Bilbao - 11/12/2008

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Arturo Escartín ayer le dieron la penúltima estocada. Funcionarios judiciales le desalojaron de su comercio de Leioa por el impago de un crédito del Banco de Santander, entidad con la que mantiene pleitos desde hace más de 14 años. De nada le ha valido que dos jueces diferentes, la Audiencia de Bilbao y el Tribunal Supremo hayan considerado irregular el crédito, calificando la actuación de la entidad bancaria como "un auténtico despropósito de principio a fin, impropio desde luego de un banco de esa importancia".

· Una serie de fallos judiciales

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Escartín tuvo que cerrar la tienda hace dos años al no financiarse

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" Nadie se está ensañando con nadie”, replica el Santander

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Sobre las 10.30 horas, tres funcionarios de un juzgado de Getxo se presentaron en la tienda -cerrada ya hace dos años- para proceder al desahucio, a lo que se negaba el afectado. Incluso acudió la Policía Municipal de Leioa, porque Escartín estaba dispuesto a que le detuvieran para impedir el embargo. Pero, tras hablar con su abogado, desistió de su propósito.

El cambio de la cerradura del local acaba, por el momento, con esta lucha de un hombre contra un gran banco. Y todo por sólo 78.000 euros, el préstamo que Escartín, junto con la que era entonces su esposa, pidió en 1990 al Santander. El problema empezó porque el comerciante no solicitó un préstamo al uso, sino una cuenta de crédito, que supone la disposición del dinero concedido en función de las necesidades del cliente. El conflicto empezó en 1993, cuando vio que las cuotas eran superiores a lo estipulado. Al pedir una copia de las escrituras de constitución, comprobó que en ellas se hablaba de manera indistinta de préstamo, cuenta de crédito o crédito.

Al principio, el Santander achacó las cuotas a un error informático, pero luego llevó el asunto a los tribunales, que han censurado la actuación del banco. Finalmente, la Audiencia de Bilbao, en un fallo firme confirmado más tarde por el Tribunal Supremo, zanjó el asunto con una sentencia que obligaba a Escartín a pagar al banco más de 15.000 euros (la cantidad que dispuso el comerciante fue de 78.000 euros) y los intereses de un año.

El comerciante, tras abonar dicha cantidad, siguió con su cruzada con el banco y llevó el asunto ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que, tras admitir inicialmente la demanda, la archivó. Mientras tanto, el Santander presentó el pasado año en un juzgado de Getxo una nueva demanda, en la que reclamaba el embargo del comercio para resarcirse del impago del crédito. Su propietario contestó a su vez con una denuncia penal por falsedad documental, en la que incluía una certificación de la Hacienda de Vizcaya que constata que Escartín nunca ha sido titular de dicha cuenta de crédito. Pero esta denuncia fue archivada, lo que ha motivado que el comerciante haya presentado un recurso de queja ante la Audiencia, pendiente de respuesta.

"No comprendo esta indefensión. En 14 años he denunciado lo que pasa en diez ocasiones y no se me ha hecho caso", dice Arturo Escartín, que cree, como sostenía hace siete años, que ha sufrido un caso de "ingeniería financiera" para un supuesto blanqueo de capitales. "El dinero que me prestaron no está contabilizado de manera legal por el Banco de Santander", alega.

Estos 14 años le han pasado factura: el pleito le supuso la separación de su mujer, tuvo que cerrar su comercio hace dos años por no poder realizar ninguna operación con entidades bancarias (figura en el registro de morosos, del que fue borrado e inscrito la pasada década hasta en cuatro veces según los vaivenes de la investigación judicial) y ahora está en bancarrota, con deudas avaladas por sus padres.

Ignacio Guerra, abogado del Santander -que en estos siete años siempre se había negado a comentar el pleito con este diario- , señaló ayer que en este caso "no hay nada extraordinario". "Es una ejecución más de los cientos que tiene el banco". Aseguró que la última demanda presentada busca "la liquidación de la deuda conforme a lo que dijo el Tribunal Supremo" y que "nadie se está ensañando con nadie. Podía haber pagado la deuda".

Arturo Escartín, que ahora vive en una pensión y carece de ingresos, asegura que, 14 años después, continuará su pelea contra el gran banco.

Una serie de fallos judiciales

- En 1995, dos jueces certificaron irregularidades en el cobro de las cuotas y en las escrituras de la cuenta de crédito, que recogían "cláusulas incompatibles". En marzo de 1999, la Audiencia de Bilbao calificó la actuación del Santander de "auténtico despropósito de principio a fin, impropio desde luego de un banco de esa importancia". El fallo, que imponía al comerciante el pago al banco de sólo 15.000 euros, fue confirmado por el Tribunal Supremo en diciembre de 2005.

- El Santander interpuso una nueva demanda contra Escartín en febrero de 2007 exigiéndole otra vez el pago del total de crédito, reclamando entonces 135.000 euros, más otros 40.000 por intereses, gastos y costas, y el embargo de su local. Tras ser denegado el recurso de Escartín, el empresario presentó otra denuncia en junio de 2007, que fue archivada. El pasado día 3, se dictó el auto en el que se confirma el desahucio del local para que se ejecutase ayer. El viernes pasado, el afectado recurrió a la Audiencia bilbaína aduciendo que el caso está abierto y no puede ejecutarse el desalojo.

Resulta totalmente inaceptable que existiendo una denuncia abierta por falsedad de documentos y estafa interpuesta contra Banco Santander desde junio de 2007, y se haya tenido que presentar una queja a la Audiencia de Bilbao en diciembre de 2008 porque la juez instructora no haya querido investigar los hechos denunciados, se permita que se actué contra mí, de la forma que se detalla en este artículo, constituyéndose la décima vez que se ignora mi derecho fundamental a ser atendido por la justicia. - "¿Estado de derecho, o derecho de estado a imponer su voluntad?"-

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