DENUNCIA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN DEL IDIOMA ESPAÑOL
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Grupos cívicos denuncian la discriminación contra el idioma español en Galicia.
Las asociaciones ciudadanas y grupos cívicos de Galicia, AGLI (Asociación Gallega para la Libertad de Idioma), Coruña Liberal y Vigueses por la Libertad, quieren llamar la atención de sus conciudadanos sobre una nueva actuación de la administración regional que, bajo la apariencia del fomento de la lengua
autóctona, oculta la realidad de la exclusión de la lengua común de los españoles, con el
propósito de hacerla desaparecer de la vida pública y, si les fuere posible, de la vida social y privada de la población.
Hace unos meses, la Consejería de la Presidencia convocaba unas oposiciones con
exclusión expresa del español en los exámenes. La reacción de AGLI la obligó a
rectificar, aunque de manera torpe y chapucera. La exclusión del español y el
desprecio a quienes, legítimamente, lo tienen como primera o única lengua, o que
optan por su uso, es constante y sistemática en todos los ámbitos a los que esta
administración llega con su acción directa o indirecta.
Ahora, la consejera de Educación, Laura Sánchez Piñón y la Secretaria general de
política lingüística -órgano perfectamente prescindible-, Marisol López, nos
anuncian que para este curso, un número de niños de primera enseñanza podrán
realizar su aprendizaje íntegramente en lengua gallega. Tal medida nos parecería
inobjetable, si todos los niños en Galicia tuviesen el mismo derecho. Es decir: el
derecho de recibir la enseñanza en cualquiera de las dos lenguas oficiales, de
acuerdo a la opción manifestada por sus padres.
Sin embargo, esa medida, que se disfraza de mera ampliación de posibilidades, pone de
manifiesto lo siguiente: primero, el hecho de que ningún niño podía recibir enseñanza
íntegramente en la lengua de preferencia de sus padres, y, que, a partir de ahora, sólo la
recibirá ese 1,33 % de privilegiados de educación infantil; segundo, que este gobierno
autonómico, al igual que los anteriores, se propone seguir caminando por las vías
catalana y vasca de imposiciones lingüísticas, aunque para ello reduzca las
oportunidades de los ciudadanos y pisotee derechos individuales. Un creciente número
de ciudadanos se dirigen a estas asociaciones en busca de defensa de sus derechos
constitucionales.
Las entidades cívicas que suscriben este comunicado quieren llamar la atención
sobre el modelo educativo perverso construido en esta región por unos políticos
rendidos al proyecto nacionalista. Tal situación se ha agravado en esta legislatura,
al haberse entregado determinados departamentos al partido menos votado y más
nacionalista, que así dispone de la posibilidad material de dar rienda suelta a su
hostilidad por el español, y como consecuencia de semejante fobia, por los
ciudadanos que lo hablan.
Tales manifestaciones de odio hacia la lengua común de los españoles y de
discriminación de sus hablantes deben cesar radicalmente. Al mismo tiempo, la
administración ha de dar los pasos necesarios para garantizar el acceso a la enseñanza
en la lengua de preferencia de sus padres a todos los niños que tengan que
escolarizarse en territorio de la comunidad autónoma, y en cualquier nivel de la
enseñanza
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